Publicaciones etiquetadas ‘JEP’

Acuerdo Final,Corte Constitucional,JEP,Jurisprudencia

SENTENCIA C-674 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

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Mediante esta decisión, cuyo ponente fue el Magistrado Guillermo Guerrero Pérez, la Corte Constitucional realizó el control de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017. Esta reforma constitucional crea un título de disposiciones transitorias en la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de paz. Por ejemplo, crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como mecanismo de justicia transicional en Colombia, de cuya estructura se desprenden entidades como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; y la Jurisdicción Especial para la Paz. La mayoría del articulado del Acto Legislativo fue encontrado exequible, a excepción de algunas provisiones que fueron declaradas condicionalmente exequibles o inexequibles. Para un balance de la decisión de la Corte, véase el Comunicado No. 55 de noviembre 14 de 2016.
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Amnistía,Corte Constitucional,JEP,Jurisprudencia,justicia,Víctimas

SENTENCIA C-025 DEL 11 DE ABRIL DE 2018

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Esta sentencia, cuyo ponente fue el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, trata sobre la revisión de constitucionalidad del Decreto ley 277 de 2017, “por el cual se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, ‘por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones’”. El objetivo de esta norma es precisar cuestiones procesales aplicables a la amnistía de iure que está contenida en la Ley 1820 de 2016, beneficio penal concedido a las personas privadas de la libertad por delitos políticos y delitos conexos, y también para el régimen de libertades condicionales allí previsto. A manera de guía para adelantar el examen de constitucionalidad del contenido material de este Decreto, la Corte hizo alusión a la amnistía y las libertades condicionadas en procesos de transición, valiéndose de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de definir el alcance y los límites de esta figura en el plano internacional; al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición; y a los límites de la configuración normativa en material procesal. La Corte, estándose a lo resuelto por ella misma en la Sentencia C-007 de 2017, concluyó que el articulado del Decreto es compatible con la Constitución. No obstante, el artículo 22 de la norma en cuestión fue declarado exequible de forma condicionada. Este artículo estipula que los procesos en los que se haya otorgado la libertad condicional o el traslado a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización quedarían suspendidos hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz entrara en funcionamiento, momento en que tales procesos quedaban sujetos a dicha jurisdicción. La Corte manifestó que esta suspensión debe entenderse en el sentido de referirse específicamente a la competencia de adoptar decisiones que conlleven una afectación de la libertad de las personas procesadas, la determinación de responsabilidades y la citación a práctica de diligencias judiciales, pero aparte de estos temas, los procesos deben continuar. Así, la Corte quiso evitar la interrupción de las funciones de indagación e investigación que tiene la fiscalía con miras a evitar el detrimento del derecho de las víctimas a obtener justicia.
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Corte Constitucional,FARC,JEP,Jurisprudencia,Unidad Nacional de Víctimas

SENTENCIA C-026 DEL 11 DE ABRIL DE 2018

Reintegro
Esta sentencia, con ponencia del Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, trata sobre la revisión de constitucionalidad de la Ley 1865 de 2017, “por medio de la cual se exceptúa a la Unidad Nacional de Protección de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000”. En virtud del contenido normativo de esta Ley, la Unidad Nacional de Víctimas quedaba exceptuada, durante las vigencias fiscales correspondientes a los años 2017 y 2018, de las restricciones sobre el crecimiento de los gastos para la modificación de su estructura y planta de personal. El propósito de esta excepción era remover obstáculos jurídicos que limitaran el cumplimiento de las medidas de protección de los integrantes del partido político de las Farc, de los excombatientes reincorporados a la vida civil, y sus familias. Al efectuar el control material de constitucionalidad, la Corte encontró que este propósito guardaba relación con el fin último del Acuerdo de Paz, que consiste en la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En efecto, una reincorporación segura y pacífica a la vida civil, así como la participación en política, implican que el Estado tome medidas que protejan la vida e integridad de los excombatientes y miembros del Partido Farc, garantizando un entorno apto para el ejercicio de la actividad política.
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Corte Constitucional,JEP,Jurisprudencia,postconflicto

SENTENCIA C-080 DEL 15 DE AGOSTO DE 2018

Corte
Mediante esta decisión cuyo ponente fue el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, la Corte realizó el control de constitucionalidad del Proyecto de “LeyEstatutaria de la Administración de Justiciaen la Jurisdicción Especial para la Paz”. Esta norma establece el marco jurídico conforme al cual la JEP desplegará la función de administrar justicia en el postconflicto. La mayoría del articulado del proyecto fue encontrado exequible, salvo por algunas provisiones, apartados y expresiones que fueron declaradas por la Corte condicionalmente exequibles o inexequibles. Para un balance de lo decidido por la Corte, véase el Comunicado No. 32 de agosto 15 de 2018.
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Control de constitucionalidad,Corte Constitucional,JEP,Jurisprudencia,Ley estatutaria

AUTO 282 DEL 29 DE MAYO DE 2019

Ley estatutaria JEP
A través de este auto, sustanciado por el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, la Corte le ordenó al Presidente de la República continuar con el trámite de sanción y promulgación del Proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción especial para la Paz (JEP). En efecto, la Corté se pronunció sobre el trámite legislativo concerniente al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP que da cuenta de las objeciones del gobierno a dicho proyecto, las cuales tuvieron lugar con posterioridad a la Sentencia C-080 de 2018, por la cual la Corte había declarado que la mayoría de las disposiciones materiales de este proyecto son exequibles. El examen se centró en precisar las reglas sobre mayorías decisorias en el Congreso a propósito del rechazo en dicha institución de las objeciones gubernamentales, y la consecuente insistencia por parte del legislativo en el proyecto, en los términos aprobados previamente por la Corte Constitucional. Al remitírsele nuevamente este proyecto, la Corte encontró que no era procedente realizar el control de constitucionalidad del que tratan los artículos 153 y 241-8 de la Constitución ya que la necesidad de dicho control se activa solo en caso de presentarse modificaciones, adiciones o supresiones -incluido el archivo total o parcial-, respecto del texto originalmente examinado. Por ende, la Corte confirmó que existe cosa juzgada constitucional y estimó que las objeciones del Presidente carecen de efectos jurídicos. De esta manera, la Corte abordó el problema jurídico planteado por ella en el Auto 123/2019, en el cual manifestó que sería competente para realizar un control automático de constitucionalidad respecto del trámite legislativo adelantado como consecuencia de las objeciones formuladas por el Presidente de la República, siempre que este resultara en modificaciones al proyecto.
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