Publicaciones etiquetadas ‘Corte Constitucional’

Acuerdo Final,Corte Constitucional,Implementación de los Acuerdos,Jurisprudencia,Participación Ciudadana

SENTENCIA C-699 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2016

fast track
Con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle Correa, la Corte decisión sobre la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de los artículos 1 y 2 (parciales) del Acto Legislativo 01 de 2016, “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. El artículo 1 buscaba poner en marcha y establecer las reglas del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, conocido como fast track, esto es, el aplicable a los actos legislativos y las leyes cuyo fin es la implementación del Acuerdo de Paz. Por su parte, el artículo 2 consagraba las llamadas facultades presidenciales para la paz, esto es, la expedición de decretos con fuerza de ley para la implementación de dicho acuerdo. Como cuestión preliminar la Corte examinó la vigencia del Acto Legislativo, la cual estaba condicionada a la “refrendación popular” del Acuerdo Final de Paz.  La Corte estimó que en el Acto Legislativo no se había definido qué debía entenderse por “refrendación popular”. En relación al efecto que el plebiscito de octubre de 2016 tiene sobre los acuerdos que pusieron fin al conflicto, la Corte se refirió a la posibilidad de introducirles cambios atendiendo así al pronunciamiento popular con miras a buscar mayores consensos en torno a esta política de paz. Para la Corte no era necesario, sin embargo, que las modificaciones introducidas al Acuerdo de Paz fueran sometidas a un nuevo mecanismo de participación ciudadana directa para así satisfacer con dicho proceso el alcance de la expresión “refrendación popular”, dada la forma abierta con la que el Acto Legislativo utilizó dicha expresión. Así, la Corte confirmó su competencia para pronunciarse sobre la Constitucionalidad del Acto Legislativo, toda vez que este era susceptible de entrar en vigor por cuanto la “refrendación popular” podía llevarse a cabo en el futuro. En cuanto al examen material del contenido del Acto Legislativo, la Corte manifestó que este no configuraba una situación de sustitución de la Constitución ni violaba el principio de equilibrio de poderes. Esto porque se refiere a potestades circunscritas a asuntos específicos que de manera objetiva deben tener conexión con la implementación del Acuerdo de Paz, además de ser transitorias, ya que su duración está sujeta a un plazo determinado.
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Acuerdo Final,Corte Constitucional,JEP,Jurisprudencia

SENTENCIA C-674 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

campesinos
Mediante esta decisión, cuyo ponente fue el Magistrado Guillermo Guerrero Pérez, la Corte Constitucional realizó el control de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017. Esta reforma constitucional crea un título de disposiciones transitorias en la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de paz. Por ejemplo, crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como mecanismo de justicia transicional en Colombia, de cuya estructura se desprenden entidades como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; y la Jurisdicción Especial para la Paz. La mayoría del articulado del Acto Legislativo fue encontrado exequible, a excepción de algunas provisiones que fueron declaradas condicionalmente exequibles o inexequibles. Para un balance de la decisión de la Corte, véase el Comunicado No. 55 de noviembre 14 de 2016.
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Acuerdo Final,Amnistía,Corte Constitucional,Jurisprudencia

SENTENCIA C-007 DEL 1 DE MARZO DE 2018

0000896585
La práctica de conceder beneficios penales es común en contextos de terminación negociada de conflictos armados y transiciones hacia la paz. La Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016, “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”. Esta Ley, expedida con base en el procedimiento legislativo abreviado para la implementación del Acuerdo Final firmado entre el Gobierno nacional y las Farc-EP, regula lo relacionado con los beneficios penales por delitos políticos y conexos cometidos durante el conflicto por miembros de la Farc-EP (es decir, amnistías e indultos, libertad condicionada o el traslado a zonas de Funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización), así como los beneficios penales para agentes del estado, especialmente miembros de la fuerza pública, responsables de realizar conductas punibles con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado (es decir, renuncia a la acción penal, libertad condicionada o privación de la libertad en unidades militares o policiales). El eje del razonamiento jurídico desplegado por la Corte, el cual se nutrió en algunos pasajes de decisiones tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue el alcance del deber que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar violaciones graves de los derechos humanos, asegurando así el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y la compatibilidad de este deber con los límites para el otorgamiento de amnistías según la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). La mayor parte de las provisiones de la Ley fueron declaradas exequibles. La Corte evidenció que se encontraban dentro de los límites de los deberes internacionales de Colombia en materia de derechos humanos y DIH. Sin embargo, la Corte condicionó la exequibilidad de algunas provisiones, al tiempo que declaró que otras eran inexequibles. En este sentido, fue declarada inexequible la expresión “graves crímenes de guerra” empleada en varios apartes de la norma. Al parecer de la Corte, la forma en que era empleada dicha expresión parecía limitar el espectro de las violaciones graves de los derechos humanos e infracciones al DIH que se encuentran excluidos de la posibilidad de amnistía.  Asimismo, la Corte aclaró que la remisión al Estatuto de Roma contenida en varios apartes de la norma en lo referente a la expresión “reclutamiento de menores” debía entenderse en el sentido que hasta el 25 de junio de 2005, la edad del sujeto pasivo de esta clase de delitos no amnistíales es una persona menor de 15 años (según lo establece el Estatuto de Roma), pero que, a partir de esa fecha, es de 18 años conforme a lo establecido en el Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, el cual según la Corte hace parte del bloque de constitucionalidad. Por otro lado, la Corte reiteró que los beneficios penales que concede la Ley examinada deberán estar sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones, especialmente los deberes propios del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
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Comisión de la Verdad,Corte Constitucional,Jurisprudencia

SENTENCIA C-017 DEL 21 DE MARZO DE 2018

verdad
En esta sentencia, con ponencia de la Magistrada Diana Fajardo Rivera, la Corte revisó la constitucionalidad del Decreto ley 588 de 2017, “por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”. En general, el razonamiento jurídico desplegado por la Corte en la sentencia refuerza la importancia de la memora histórica y el derecho a la verdad que les asiste a las víctimas en escenarios de transición hacia la paz como el atravesado actualmente por Colombia. Aunque en su mayoría las provisiones que conforman esta norma fueron encontradas compatibles con la Constitución, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de ciertos apartes relacionados con reservas al acceso a la información por parte de la Comisión. Asimismo, declaró inexequibles ciertos apartes relacionados con el régimen penal y disciplinario de los comisionados.
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Acuerdo Final,Corte Constitucional,Jurisprudencia,Pluralismo político

SENTENCIA C-018 DEL 4 DE ABRIL DE 2018

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En esta sentencia, con ponencia del Magistrado Alejandro Linares Cantillo, la Corte Constitucional realizó el control de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 03/17 Senado – 006/17 Cámara, “por medio del cual se adopta el Estatuto de la oposición política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes”. Esta norma está relacionada con la implementación del punto 2 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera., denominado “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. En este sentido, el estatuto contribuye a crear un ambiente de pluralismo político en el escenario colombiano, condición para la construcción y consolidación de la paz. Para tal efecto, el Estatuto fortalece los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia. El derecho a réplica consagrado en el Estatuto fue utilizado por primera vez en marzo de 2019, cuando representantes de los partidos declarados en oposición al gobierno se manifestaron en contra de las objeciones del presidente de la República a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
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