SENTENCIA C-025 DEL 11 DE ABRIL DE 2018

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Esta sentencia, cuyo ponente fue el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, trata sobre la revisión de constitucionalidad del Decreto ley 277 de 2017, “por el cual se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, ‘por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones’”. El objetivo de esta norma es precisar cuestiones procesales aplicables a la amnistía de iure que está contenida en la Ley 1820 de 2016, beneficio penal concedido a las personas privadas de la libertad por delitos políticos y delitos conexos, y también para el régimen de libertades condicionales allí previsto. A manera de guía para adelantar el examen de constitucionalidad del contenido material de este Decreto, la Corte hizo alusión a la amnistía y las libertades condicionadas en procesos de transición, valiéndose de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de definir el alcance y los límites de esta figura en el plano internacional; al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición; y a los límites de la configuración normativa en material procesal. La Corte, estándose a lo resuelto por ella misma en la Sentencia C-007 de 2017, concluyó que el articulado del Decreto es compatible con la Constitución. No obstante, el artículo 22 de la norma en cuestión fue declarado exequible de forma condicionada. Este artículo estipula que los procesos en los que se haya otorgado la libertad condicional o el traslado a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización quedarían suspendidos hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz entrara en funcionamiento, momento en que tales procesos quedaban sujetos a dicha jurisdicción. La Corte manifestó que esta suspensión debe entenderse en el sentido de referirse específicamente a la competencia de adoptar decisiones que conlleven una afectación de la libertad de las personas procesadas, la determinación de responsabilidades y la citación a práctica de diligencias judiciales, pero aparte de estos temas, los procesos deben continuar. Así, la Corte quiso evitar la interrupción de las funciones de indagación e investigación que tiene la fiscalía con miras a evitar el detrimento del derecho de las víctimas a obtener justicia.
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