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Corte Consitucional,Jurisprudencia,Plebiscito

C-379 DEL 18 DE JULIO DE 2016

plebiscito
En esta decisión, con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte revisó la constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria 94 de 2015 Senado – 156 de 2015 Cámara, “por la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Esta norma trataba lo relativo a la convocatoria y votación del llamado plebiscito por la paz. En su análisis, la Corte reiteró que la consecución de la paz es un fin esencial del Estado, así como un derecho. Recordó ademásque, en virtud del numeral 4 del artículo 189 de la Constitución, el Presidente de la República está habilitado para suscribir acuerdos de paz. Refiriéndose al plebiscito, la Corte manifestó que es congruente con nuestro marco constitucional, que está basado en la democracia participativa, preguntarle al pueblo acerca de un determinado acuerdo de paz, pero que una respuesta negativa sobre el acuerdo sometido a consideración popular solo le impediría al Presidente promover su implementación, pero no le impediría poder negociar otro acuerdo. Dicho de otro modo, para la Corte el plebiscito por la paz no tiene por objeto someter a consideración ciudadana ni el contenido y alcance del derecho a la paz, ni las facultades que la Constitución confiere al Presidente para restablecer y mantener el orden público. La Corte declaró exequible la norma objeto de control constitucional y solo declaró inexequible el artículo 3 al aclarar que el carácter vinculante del resultado del plebiscito únicamente puede predicarse del presidente de la República, pero no de otros órganos o instituciones del Estado.
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Acuerdo Final,Corte Constitucional,Implementación de los Acuerdos,Jurisprudencia,Participación Ciudadana

SENTENCIA C-699 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2016

fast track
Con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle Correa, la Corte decisión sobre la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de los artículos 1 y 2 (parciales) del Acto Legislativo 01 de 2016, “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. El artículo 1 buscaba poner en marcha y establecer las reglas del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, conocido como fast track, esto es, el aplicable a los actos legislativos y las leyes cuyo fin es la implementación del Acuerdo de Paz. Por su parte, el artículo 2 consagraba las llamadas facultades presidenciales para la paz, esto es, la expedición de decretos con fuerza de ley para la implementación de dicho acuerdo. Como cuestión preliminar la Corte examinó la vigencia del Acto Legislativo, la cual estaba condicionada a la “refrendación popular” del Acuerdo Final de Paz.  La Corte estimó que en el Acto Legislativo no se había definido qué debía entenderse por “refrendación popular”. En relación al efecto que el plebiscito de octubre de 2016 tiene sobre los acuerdos que pusieron fin al conflicto, la Corte se refirió a la posibilidad de introducirles cambios atendiendo así al pronunciamiento popular con miras a buscar mayores consensos en torno a esta política de paz. Para la Corte no era necesario, sin embargo, que las modificaciones introducidas al Acuerdo de Paz fueran sometidas a un nuevo mecanismo de participación ciudadana directa para así satisfacer con dicho proceso el alcance de la expresión “refrendación popular”, dada la forma abierta con la que el Acto Legislativo utilizó dicha expresión. Así, la Corte confirmó su competencia para pronunciarse sobre la Constitucionalidad del Acto Legislativo, toda vez que este era susceptible de entrar en vigor por cuanto la “refrendación popular” podía llevarse a cabo en el futuro. En cuanto al examen material del contenido del Acto Legislativo, la Corte manifestó que este no configuraba una situación de sustitución de la Constitución ni violaba el principio de equilibrio de poderes. Esto porque se refiere a potestades circunscritas a asuntos específicos que de manera objetiva deben tener conexión con la implementación del Acuerdo de Paz, además de ser transitorias, ya que su duración está sujeta a un plazo determinado.
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Corte c,Implementación de los Acuerdos,Jurisprudencia

SENTENCIA C-332 DEL 17 DE MAYO DE 2017

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En esta decisión, con ponencia del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, la Corte examinó una acción de inconstitucionalidad en contra de la totalidad del articulado del Acto Legislativo 01 de 2016, “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. La Corte estableció que existía cosa juzgada constitucional frente a algunos de los cargos, conforme a lo decidido en la Sentencia C-699 de 2016, y se declaró inhibida para decidir sobre otros por ineptitud de demanda y sustracción de materia. Como resultado, la decisión se centró en el examen de constitucionalidad de los literales h) y j) del artículo 1º del Acto Legislativo No. 01 de 2016, los cuales fueron declarados inexequibles. La metodología aplicada por la Corte partió de establecer que la separación y el equilibrio de los poderes públicos es un eje definitorio de la identidad de la Constitución, debido a la relación necesaria que existe entre el funcionamiento de la democracia y la limitación del ejercicio del poder político. Por otro lado, dijo que las enmiendas constitucionales adoptadas en el contexto de la transición hacia la paz, como la norma objeto de examen, pueden sustituir la constitución si erosionan uno de los ejes definitorios de la Constitución. En consideración a esto, el juicio de sustitución respecto del contenido de las disposiciones objeto de examen de constitucionalidad fue abordado desde la óptica de la separación y el equilibrio de poderes. Para la corte los literales h) y j) del artículo 1º del Acto Legislativo No. 01 de 2016 sustituyen la Constitución en la medida en que erosionan la deliberación y eficacia del voto de los congresistas, núcleo esencial de la función legislativa. Así, conllevan un desbalance en el equilibrio e independencia entre los poderes públicos. Como resultado, la Corte manifestó, como fundamento de la declaratoria de inconstitucionalidad, que es importante que el legislativo conserve la competencia para introducir modificaciones a las propuestas del ejecutivo sin que las mismas requieran su aval. De igual forma, que los congresistas tengan la facultad de decidir si votan o no en bloque las iniciativas.
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Acuerdo Final,Corte Constitucional,JEP,Jurisprudencia

SENTENCIA C-674 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

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Mediante esta decisión, cuyo ponente fue el Magistrado Guillermo Guerrero Pérez, la Corte Constitucional realizó el control de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017. Esta reforma constitucional crea un título de disposiciones transitorias en la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de paz. Por ejemplo, crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como mecanismo de justicia transicional en Colombia, de cuya estructura se desprenden entidades como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; y la Jurisdicción Especial para la Paz. La mayoría del articulado del Acto Legislativo fue encontrado exequible, a excepción de algunas provisiones que fueron declaradas condicionalmente exequibles o inexequibles. Para un balance de la decisión de la Corte, véase el Comunicado No. 55 de noviembre 14 de 2016.
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Acuerdo Final,Amnistía,Corte Constitucional,Jurisprudencia

SENTENCIA C-007 DEL 1 DE MARZO DE 2018

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La práctica de conceder beneficios penales es común en contextos de terminación negociada de conflictos armados y transiciones hacia la paz. La Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016, “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”. Esta Ley, expedida con base en el procedimiento legislativo abreviado para la implementación del Acuerdo Final firmado entre el Gobierno nacional y las Farc-EP, regula lo relacionado con los beneficios penales por delitos políticos y conexos cometidos durante el conflicto por miembros de la Farc-EP (es decir, amnistías e indultos, libertad condicionada o el traslado a zonas de Funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización), así como los beneficios penales para agentes del estado, especialmente miembros de la fuerza pública, responsables de realizar conductas punibles con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado (es decir, renuncia a la acción penal, libertad condicionada o privación de la libertad en unidades militares o policiales). El eje del razonamiento jurídico desplegado por la Corte, el cual se nutrió en algunos pasajes de decisiones tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue el alcance del deber que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar violaciones graves de los derechos humanos, asegurando así el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y la compatibilidad de este deber con los límites para el otorgamiento de amnistías según la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). La mayor parte de las provisiones de la Ley fueron declaradas exequibles. La Corte evidenció que se encontraban dentro de los límites de los deberes internacionales de Colombia en materia de derechos humanos y DIH. Sin embargo, la Corte condicionó la exequibilidad de algunas provisiones, al tiempo que declaró que otras eran inexequibles. En este sentido, fue declarada inexequible la expresión “graves crímenes de guerra” empleada en varios apartes de la norma. Al parecer de la Corte, la forma en que era empleada dicha expresión parecía limitar el espectro de las violaciones graves de los derechos humanos e infracciones al DIH que se encuentran excluidos de la posibilidad de amnistía.  Asimismo, la Corte aclaró que la remisión al Estatuto de Roma contenida en varios apartes de la norma en lo referente a la expresión “reclutamiento de menores” debía entenderse en el sentido que hasta el 25 de junio de 2005, la edad del sujeto pasivo de esta clase de delitos no amnistíales es una persona menor de 15 años (según lo establece el Estatuto de Roma), pero que, a partir de esa fecha, es de 18 años conforme a lo establecido en el Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, el cual según la Corte hace parte del bloque de constitucionalidad. Por otro lado, la Corte reiteró que los beneficios penales que concede la Ley examinada deberán estar sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones, especialmente los deberes propios del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
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